820 euros x 6 horas a la semana = 4.920 euros a la semana. Esto es lo que cobraba un docente por impartir clases en cursos de formación para ocupados en Extremadura. Y esto mismo sería lo que yo cobraría si mi trabajo como catedrático de universidad se retribuyera en idénticos términos. Claro que la diferencia sustancial entre uno y otro caso es que yo soy un auténtico docente con unos cuantos años de formación como tal, y el de Extremadura un presunto indecente. Además, parece impensable que a los docentes, de universidad o de cualquier otro nivel educativo, se les llegue algún día a retribuir con semejantes sueldos, pues cada día la relevancia social de la profesión es más baja y, por tanto, cada vez menos valorada por una sociedad más boba y desorientada sobre el auténtico valor que representa la educación en sus vidas.
En esta ocasión, el denunciante de semejante fraude ha sido un Gobierno del PP, lo cual es, a estas alturas, un auténtico acto revolucionario, en el sentido de que la regla general suele ser la de tapar en lo posible los desaguisados y corruptelas cometidas o permitidas por el Gobierno anterior. Así que, ante todo, mi felicitación al Sr. Monagos, Presidente de la Junta de Extremadura por denunciar ante la Fiscalía y desde el Gobierno esta presunta manifestación de corrupción en la que aparecen implicados políticos, sindicatos y organizaciones patronales.
Según los medios de comunicación, una de las propuestas del partido político Ciudadanos es que el dinero público destinado a formación de empleados y parados, sea directamente entregado al interesado, y que sea éste el que determine cómo formarse y en qué en función de sus propios intereses. La experiencia de que el dinero para formación sea administrado fundamentalmente por sindicatos y organizaciones empresariales, no parece que haya sido ejemplar hasta el presente y, sobre todo, que la misma haya servido para financiar una formación exigente y de calidad a los supuestos beneficiarios. En principio, la fórmula señalada parece ser preferible a la que ha regido hasta el presente. Sin embargo, la misma también puede ser fuente de desviaciones y corruptelas difícilmente controlables por los poderes públicos que establecen las subvenciones a partir del dinero de todos.
En mi opinión, la cuestión de fondo es mucho más compleja que la que se queda en la mera constatación de las posibles corruptelas en el uso de un dinero que es público, pues siendo esta cuestión de la máxima relevancia, lo es mucho más el advertir el poco interés que la sociedad tiene en cuestiones de formación y cultura. La reciente y máxima expresión de esta situación la encontramos en nuestro país con ocasión del boom inmobiliario. Muchos jóvenes abandonaban sus estudios y su proceso de formación para ganar mucho dinero como obreros de la construcción. Y todo para acabar, una vez rota “la burbuja”, en el paro y pasar a ser meros espectadores y/o actores de una crisis económica que algunos explican exclusivamente a partir de la probada maldad de los banqueros, y que otros estimamos como resultado de causas más complejas, entre las que habría que destacar la desvalorización creciente de la formación y la cultura. Precisamente por ello, afirmar que todo se resolvería bajando el IVA o IGIC a las actividades culturales, es tan inconsistente como creer que el nivel de calidad de nuestras universidades mejoraría de forma sustancial si el servicio que las mismas prestan fuera gratuito.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
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