¿Reconocer exenciones fiscales a las empresas turísticas que operan en Canarias (cadenas hoteleras) que en los años que llevamos de crisis y por concurrir desgracias terribles en otros destinos turísticos, han aumentado sus beneficios de una forma que ni ellas mismas se lo creen? ¿Puede en términos racionales defenderse que los beneficios que obtienen estas empresas y otras por su actividad en Canarias puedan ser dotados a la RIC y luego reinvertidos en el extranjero (Marruecos, Senegal, Cabo Verde…)? ¿Deben este tipo de empresas tener derecho a que se les rebaje la intensidad de su deber de contribuir a la financiación de la Seguridad Social abaratando aún más sus costes laborales? A mi me parece que estamos llegando a niveles de total y absoluta desvergüenza en el tema de lo que es y debería ser, con vistas al futuro, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
El documento que sobre la reforma del REF fue aprobado “unánimemente” no por el pueblo canario, sino por sus representantes en el Parlamento de Canarias, es continuación de otros anteriores que se caracterizan por centrar el REF en los incentivos fiscales que benefician a los titulares de actividades económicas. Ni ha habido estudio previo, serio y riguroso, de cómo han incidido estos incentivos en todos los años que vienen siendo aplicados, ni se ha planteado por parte del Gobierno autonómico (CC-PSOE) qué modelo económico es el que queremos o necesitamos los residentes canarios y, como consecuencia de ello, cuáles deberían ser las políticas de incentivos fiscales más apropiadas para alcanzarlo. Lo que sí hay, a ciencia cierta, es un dato empírico difícilmente objetable: el escandaloso nivel de paro y de desarticulación social que reina en Canarias. Aquí se reúne el Parlamento autonómico, se plantea un amaño de debate lleno de palabras huecas y vacías, y se termina aprobando un documento que en lo fundamental no es sino el producto prefabricado por los Despachos de las multinacionales de la asesoría fiscal, escorado, como no podía ser de otra forma, a favor de ellos mismos (profesionales) y de los empresarios.
Es en ese contexto donde creo que se plantea la reivindicación de una modificación del REF que debería ser sustancial o, al menos, teniendo en cuenta la debilidad extrema de aquellos sectores sociales que sufren los efectos de la actual crisis, que tome en consideración la situación particular (que es la que corresponde a la mayoría social) de los perceptores de rentas del trabajo.
Está muy bien y es de estricta justicia lo de consolidar medidas como las relativas a las subvenciones al transporte de personas, la subvención al coste de la electricidad o la exigencia de un determinado nivel de inversiones del Estado en Canarias. Pero junto a ello, creo que está igualmente justificado que los perceptores de rentas del trabajo cuenten con un tratamiento fiscal específico en el ámbito del IRPF que les permita contar con un mayor nivel de disponibilidad de su renta personal, ya sea para que la misma sea destinada al ahorro, ya para destinarla al consumo, pues supondría un reconocimiento expreso de que por vez primera también el REF se “preocupa” de aquellos que casi en exclusiva pagamos los impuestos en Canarias.
Sí, está muy bien esa tesis de la política económica que propugna el reconocimiento de incentivos fiscales a los titulares de actividades económicas como instrumento idóneo para fortalecer la capacidad productiva y la creación de empleo en Canarias, vamos, de supuesta generación de riqueza para todos. Pero qué quieren que les diga, ese discurso, ante una crisis como la que estamos viviendo, me suena a monserga. Y es que cualquier debate sobre el reconocimiento de incentivos fiscales para favorecer unas u otras políticas económicas, debería siempre partir de la irrenunciable necesidad de los impuestos y de que alguien tiene que pagarlos. Es una auténtica falacia afirmar que sólo se fortalecerá la actividad económica si los titulares de la misma no deben pagar, o deben pagar menos impuestos, pues basta con contrastar la realidad tributaria de otros países para comprobar cómo ello no es así en caso alguno (países nórdicos). Lo que no parece procedente es ocultar el argumento de que cuando unos no pagan, serán otros los que vendrán obligados a hacerlo, y es conocido quiénes resultarán ser siempre los “otros”, que no serán en caso alguno los de la película de A. Amenábar.
Cuestión radicalmente distinta a la anterior es plantearse qué hacen nuestras queridas autoridades con el dinero de los impuestos, o cómo funciona la organización burocrática de este país en el que el anhelo de los jóvenes es llegar a ser funcionarios de la Unión Europea, del Estado, de la Comunidad Autónoma, del Cabildo, del Ayuntamiento, o empleados de una empresa pública, que para el caso es lo mismo, y que luego se dedicarán en un alto porcentaje a fastidiar por sistema a los demás ciudadanos en general y, en especial, a los valientes que pretenden poner en marcha una actividad empresarial o profesional.
Así que desde esta columna me atrevo a pedir un poquito más de respeto a todos aquellos que, ya sea por deformación profesional o por puro instinto de supervivencia, están convencidos de la necesidad de los impuestos y de que éstos se repartan entre todos en función de los criterios de justicia que marca nuestra Constitución. El REF, si de verdad pretende ser un instrumento de política económico válido y aceptable para Canarias, debería ser objeto también de respeto por parte de unas autoridades políticas que más parecen voceros de intereses sectoriales en ocasiones falsamente empresariales, que de los anhelos de todos los residentes en estas islas Afortunadas.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Asesor Fiscal
BOLETÍN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y OTRAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD 