Los que vivimos el franquismo recordamos de vez en cuando aquellas imágenes del NODO en las que aparecía Franco inaugurando algún pantano. Sin duda, en buena medida se trataba de una proyección publicitaria del régimen político entonces existente en España en cuanto a la realización por el mismo de obras públicas fundamentales, proyección que siempre se trató de desvalorizar por la oposición a dicho régimen, pero respecto de la cual habrá que reconocer que en este ámbito de la llamada política hidrológica nacional se dieron pasos importantes para el progreso del país y de la sociedad española. Entre otras manifestaciones de ese progreso real, no fue menor la relativa a que muchos españoles contaran por primera vez con suministro de agua y luz en sus casas, además, claro está, de la creación de innumerables puestos de trabajo a partir de la correspondiente inversión pública llevada a cabo por el Estado.
En el caso de Canarias, aparte de que fue durante el franquismo cuando se aprobó la Ley de Régimen Económico y Fiscal de Canarias de 22 de julio de 1972 que, en comparación con el actual régimen, era mucho más respetuosa con algunas de las singularidades históricas de Canarias, las sucesivas normas que han regulado la cuestión han tratado siempre de garantizar que la inversión del Estado en Canarias no se viera disminuida o afectada en términos negativos como consecuencia del reconocimiento al archipiélago de particularidades o especialidades en el ámbito económico y fiscal.
En el caso particular de la construcción de carreteras, ya desde el año 1994, se firmó un Convenio para la construcción de carreteras en Canarias entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, Convenio que se prorrogó luego en 1997 y que en la actualidad está previsto aplicar para el período 2006-2017. Es en este último donde estaba prevista una inversión total por parte del Estado de 2.437 millones de euros durante la vigencia del mismo.
Es a partir del año 2012 (en el año 2011 el Partido Popular gana las elecciones y adopta medidas de recorte en el gasto público como consecuencia de la crisis) cuando el acuerdo económico con el Estado se ha incumplido todos los años. Tal y como así informa el Gobierno canario, en 2012 llegaron 68,57 millones de euros, cuando se esperaban 207, mientras que en 2013, 2014 y 2015 el Ministerio de Fomento pagó 54,19 millones de euros cada año, cuando lo firmado era 207, 225 y 220,5 respectivamente.
Sin duda, estamos ante un claro incumplimiento del Convenio por parte del Estado que, sin embargo, ha sido justificado por los Tribunales de Justicia en razón a que lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año ha de prevalecer sobre los dispuesto en el correspondiente Convenio. En términos políticos, cabría decir que han sido razones de fuerza mayor (crisis económica) y de oportunidad política las que han llevado al Estado a restringir las partidas presupuestarias para los fines previstos en el Convenio de carreteras. Y es que cuando no hay, poco o nada se puede repartir.
Significativamente, la machacona reivindicación del Gobierno de Canarias para que el Estado cumpla el Convenio, es la misma que plantean los Cabildos insulares frente a la Comunidad Autónoma de Canarias a la hora del reparto de los fondos procedentes del REFC.
Y a todo esto, lo que parece nadie se pregunta es sobre las razones que explican y justifican que Canarias precise de una inversión de 2.437 millones de euros en carreteras. Tal vez, con las carreteras ocurre algo similar a lo que lo sucede con los incentivos fiscales del REFC: pedir, pedir y pedir, o rodar, rodar y rodar, that is the cuestión…
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
También en la web guillermonuñez.com
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