Permítanme reproducir un texto algo extenso del escritor británico G. Orwell que viene como anillo al dedo para nuestro caso: “El hecho más lamentable en relación con la censura literaria en nuestro país ha sido principalmente de carácter voluntario. Las ideas impopulares, según he visto, pueden ser silenciadas y los hechos desagradables ocultarse sin necesidad de ninguna prohibición oficial. Cualquiera que haya vivido largo tiempo en un país extranjero podrá contar casos de noticias sensacionalistas que ocupaban titulares y acaparaban espacios incluso excesivos para sus méritos. Pues bien, estas mismas noticias son eludidas por la prensa británica, no porque el gobierno las prohíba, sino porque existe un acuerdo general y tácito sobre ciertos hechos que `no deben´ mencionarse. Esto es fácil de entender mientras la prensa británica siga tal como está: muy centralizada y propiedad, en su mayor parte, de unos pocos hombres adinerados que tienen muchos motivos para no ser demasiado honestos al tratar ciertos temas importantes. Pero esta clase de censura velada actúa también sobre los libros y las publicaciones en general, así como sobre el cine, el teatro y la radio. Su origen está claro: en un momento dado se crea una ortodoxia, una serie de ideas que son asumidas por las personas bienpensantes y aceptadas sin discusión alguna. No es que se prohíba concretamente decir `esto´ o `aquello´, es que `no está bien decir ciertas cosas´, del mismo modo que en la época victoriana no se aludía a los pantalones en presencia de una señorita. Y cualquiera que ose desafiar aquella ortodoxia se encontrará silenciado con sorprendente eficacia. De ahí que casi nunca se haga caso a una opinión realmente independiente ni en la prensa popular ni en las publicaciones minoritarias e intelectuales” (La libertad de prensa, texto escrito en 1943 y publicado como introducción en su novela Rebelión en la granja, Ed. Destino, 2002, pág. 31).
El contexto en el que G. Orwell plantea su reflexión no es otro que el previo al fin de la segunda guerra mundial, esto es, cuando la antigua Unión Soviética era una aliada con las potencias occidentales en su lucha contra Hitler. Hablar entonces “mal” de la Unión Soviética y denunciar los crímenes que ya cometía Stalin contra su propio pueblo, no sólo era tabú, sino signo de traición, máxime, si la denuncia provenía de una persona libre e independiente como G. Orwell. Era preferible incluso la autocensura antes que denunciar las atrocidades cometidas por el camarada y aliado J. Stalin.
Si nos detuviéramos a pensar sobre el REFC, aunque fuera mínimamente, la primera impresión que obtendríamos sería la de encontrarnos con un régimen que es consustancial a Canarias desde la época de la conquista. Es decir, parece que no es posible hablar de Canarias sin que paralelamente se hable de sus especialidades económicas y fiscales, y que además, estas especialidades se identifiquen siempre con algo positivo, nunca con algo negativo, cuando en realidad tales especialidades ya partían desde sus orígenes con una diferenciación radical entre islas que dependían directamente de la Corona y aquellas otras calificadas como de Señorío, con las consecuencias que de aquí derivaban a todos los efectos.
Por otra parte, con el paso de los años y los sucesivos cambios en el modelo o modelos productivos aplicados en Canarias, la ideología de las clases dominantes y beneficiarias directas del reconocimiento de especialidades, ha logrado siempre mantener la identificación de que tales especialidades benefician en primer lugar a todos los habitantes de esta tierra, y sólo en un segundo plano (para eso sirve la ideología) a determinados sectores sociales. La realidad histórica y, sobre todo, actual, viene a poner de manifiesto todo lo contrario; pero he aquí que los medios de comunicación creadores de opinión y la representación que ostenta el Parlamento canario como expresión de la soberanía popular, se limitan a repetir continuamente consignas vacías en el sentido de que los canarios debemos defender nuestras especialidades históricas, nuestros “fueros”, que el REF debe encontrar un anclaje firme en la Constitución española, etc. sin que en ningún caso se entre a analizar cuáles han sido las consecuencias (positivas y negativas) para la sociedad canaria de la existencia de tales especialidades.
En la época de la información y de la llamada transparencia de las Administraciones Públicas, nos falta aún mucho en Canarias para conocer en debida forma los entresijos del REFC, para identificar a qué intereses concretos, aún siendo legítimos, benefician las llamadas especialidades económico-fiscales. Y es que sólo con información y transparencia puede llevarse a cabo un debate abierto y enriquecedor sobre el presente y futuro de Canarias. Lo que no cabe, en caso alguno, es claudicar ante la censura encubierta o, lo que es peor, la autocensura.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
También en la web guillermonuñez.com
BOLETÍN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y OTRAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD 