Decimos y repetimos hasta la saciedad que vivimos tiempos convulsos y de crisis, y la verdad es que no nos falta razón a los que habitualmente analizamos la realidad circundante desde distintos foros. Pero habrá que reconocer también que no todos vivimos por igual esos tiempos. Empezando por los propios analistas, entre los que difícilmente nos vamos a encontrar con personas que hayan tenido que sufrir de manera directa un desahucio de la vivienda familiar por impago de un crédito a una entidad financiera, lo cual, por sí mismo, ya es indicativo de que la crisis no afecta con igual intensidad a todos los ciudadanos. Es verdad que ello no significa que carezcamos de la capacidad para ponernos en el lugar del afectado y mostrar nuestra solidaridad con el mismo; o, que reivindiquemos como justo impedir los desahucios ante la tremenda desproporción que supone la inyección de dinero público a entidades financieras que entraron en bancarrota por la actuación irregular de sus gestores, y el incumplimiento del deudor individual del pago de su crédito hipotecario para adquirir su vivienda habitual. Por supuesto que no se trata de defender que los deudores no cumplan con sus obligaciones, pero tampoco, de comprobar atónitos cómo el Estado ve como prioridad máxima salvar la viabilidad del sistema financiero y, paralelamente, ignorar el drama personal y familiar que supone dejar en la calle, de la noche a la mañana, a las personas.
Las manifestaciones de la crisis económica son variadas y están llenas de historias individuales dramáticas. Y así y todo, no podemos olvidar que esto es España, es decir, no es Siria, donde miles de personas han perdido la vida o se han visto obligadas a dejar todo atrás para vivir como exiliados en condiciones paupérrimas en otros países de acogida como consecuencia de una guerra civil que dura ya cuatro años. Estamos pasando un período de crisis económica que, como tal, será superada, al igual que ya lo hemos hecho en etapas anteriores mucho más difíciles que la presente. Creo que esta última perspectiva es buena por sí misma para salir de la crisis, pero sobre todo, para aprender qué es lo que no debemos volver a hacer en el futuro.
Tienen razón aquellos que reclaman al Gobierno (a los dieciocho Gobiernos que coexisten en España) medidas dirigidas a paliar o amortiguar los efectos de la crisis sobre los más desfavorecidos e indefensos, pero también la tiene el Gobierno en algunas de sus decisiones de política económica, mientras que en otras, por el contrario, se equivoca de manera rotunda. En este último sentido y, siguiendo una tónica muy característica de todos los Gobiernos que han existido en la etapa democrática, en ocasiones no se actúa ante la evidencia de irregularidades por pura inercia o porque tal vez se piensa que es mejor obviar el mal que atajarlo de manera radical, pues al fin y al cabo se considera que se trata de una manifestación particular que no va a afectar al sistema en su conjunto. Es lo que ha ocurrido en el caso del Banco de Madrid, filial en España de Banca Privat d’Andorra (BPA), y que en opinión de la Fiscalía anticorrupción, era “una estructura en sí misma de blanqueo y fraude fiscal”. Desde abril del pasado año, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), tenía conocimiento cierto de la existencia de presuntas irregularidades cometidas por los directivos del Banco de Madrid y, sin embargo, la intervención del Banco por parte de las autoridades españolas no se llevó a cabo hasta casi un año después. La razón no fue otra que la denuncia realizada por las autoridades norteamericanas en el sentido de que existían indicios fundados de la realización de operaciones claramente ilegales de blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas (narcotráfico, prostitución, corrupción, etc.).
Cabría pensar que en este caso las autoridades españolas no adoptaron las decisiones que tenían que adoptar en su momento, debido a la presencia de importantes empresas españolas que habían pagado comisiones ilegales, entre otros, a autoridades políticas venezolanas. Al fin y al cabo, se pensará, el Gobierno tiene la obligación de salvaguardar los intereses españoles o de determinados españoles. Sin embargo, no parece que este tipo de actitudes se concilien con el propósito de defender la MARCA ESPAÑA. Más bien, cabría pensar que es todo lo contrario.
Así que ahora, que se inicia el período de presentación de la declaración del IRPF, lo único que cabe para la inmensa mayoría de ciudadanos que no tenían sus fondos en el Banco de Madrid, es esperar que se haga justicia con los presuntos delincuentes, pues de lo contrario, mucho me temo que más de un incauto terminará por creerse que el régimen chavista es un modelo ejemplar a seguir para defender los intereses del pueblo.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
También en la web guillermonuñez.com
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