Queremos una economía dinámica, innovadora, capaz de aprovechar los últimos avances alcanzados en materia de investigación, en la que la productividad sea el motor fundamental en el desarrollo de nuestro sistema socio-económico, en la que exista una estrecha simbiosis entre centros de conocimiento y aplicación práctica por las empresas de los resultados obtenidos, pero también, en la que la actividad desarrollada por los agentes económicos esté fundamentada en el gusto por el trabajo bien hecho, por la responsabilidad, por la calidad y, sobre todo, por la conciencia individual de que nuestro esfuerzo contribuye en términos agregados a contar con una sociedad equilibrada, en la que impera la seguridad jurídica, la confianza plena en el funcionamiento de nuestras instituciones, en la satisfacción de saber que los impuestos que venimos obligados a pagar se exigen en función de criterios de justicia y equidad y que los mismos están debidamente aplicados a hacer frente a necesidades sociales a las que todos debemos contribuir, sobre la base de un uso eficaz y eficiente de los mismos por parte de las Administraciones Públicas.
Lo anterior es lo que queremos, es decir, lo que querría cualquier persona con un mínimo de sentido común en el seno de una sociedad moderna y del siglo XXI, con independencia de que la misma estuviera adscrita ideológicamente a esa clasificación tan vetusta y sobre todo obsoleta de izquierdas y derechas.
Y, sin embargo, con lo que nos encontramos es con algo radicalmente distinto a lo expuesto. Nos encontramos no con un conjunto de criterios de actuación perfectamente definidos sobre lo que podemos y debemos hacer en función de nuestra realidad y circunstancias, sino más bien, con una tendencia repetitiva dirigida a asirnos a un talismán o a una especie de bálsamo de fierabrás que en Canarias denominamos REF (Régimen Económico y Fiscal). Periódicamente, en los plazos fijados por las autoridades comunitarias, tratamos de renovar, con la mediación necesaria y casi que a disgusto del Estado, la vigencia de unos instrumentos económico-fiscales sobre los que parece depositamos todas nuestras expectativas a la hora de garantizar que las cosas sigan, como mínimo, igual que están en el presente. Vamos, un auténtico despropósito, porque todavía está por conocer a ciencia cierta cómo ha sido la incidencia de tales instrumentos en nuestro desarrollo económico de los últimos años.
Porque como despropósito habrá que calificar el sangrante e inaceptable nivel que alcanza el paro en Canarias, un nivel que sonrojaría a cualquier persona, pero sobre todo, a aquellas que vienen obligadas por voluntad propia a velar permanentemente por el interés público, asumiendo la responsabilidad de analizar, estudiar y proponer soluciones que favorezcan el desarrollo de una economía productiva y asentada en sólidos presupuestos de partida. Pensar, como hace el actual Gobierno de Canarias (y también los anteriores), que creando –pero sobre todo manteniendo- un engendro como resulta ser el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), vamos a avanzar en la consolidación de las imprescindibles políticas de I+D+i que necesita esta Región es, como mínimo, ingenuo, y como máximo, una burla a los contribuyentes.
Pero despropósito es igualmente, en mi opinión, centrar como medida estrella a alcanzar en la negociación de la renovación de las medidas económico-fiscales del REF, la reducción o supresión de las cuotas empresariales destinadas a la financiación de la Seguridad Social. Porque ese paso, que sin duda supondría un coste menor para las empresas, significaría lisa y llanamente que lo que se persigue no es tanto que nuestra economía fuera más productiva (y para eso se articulan los incentivos fiscales), como más competitiva, que es cosa bien distinta. Si para competir en un mercado globalizado lo que se prima es que los salarios bajen, que la seguridad social sea financiada por cada usuario y que el beneficio empresarial no debe estar sujeto al pago de impuestos, a lo que se está renunciando en definitiva es al equilibrio que debe presidir como máxima el funcionamiento de una economía moderna, que implica, entre otras cosas, una justa o equitativa distribución de las cargas comunes.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Asesor Fiscal.
BOLETÍN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y OTRAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD 