Si empiezo este artículo con una opinión negativa sobre las Universidades canarias en cuanto a su contribución al conocimiento y debate sobre los problemas generales que afectan a Canarias y, en particular, a su Régimen Económico y Fiscal (REF), puede parecer que mi intención no es otra que la de tratar de infravalorar de forma irresponsable el papel que teóricamente tiene asignado la máxima institución académica e investigadora del Archipiélago. Y esto, para un miembro de la academia como resulta ser mi caso, es tanto como “tirar piedras sobre mi propio tejado”, lo cual –para algunos- no puede ser sino producto del resentimiento o, en su caso, de la ignorancia más absoluta; o bien, del hartazgo al que conlleva siempre la desesperanza y la indignación de comprobar en términos individuales –que es la única forma de comprobación válida en términos precientíficos- que la realidad que nos rodea poco o nada tiene que ver con realidades pretéritas o con aquellas otras que se proyectaban como predicciones razonables e ilusionantes de futuro. Así que el punto de partida no puede ser otro que el de la autocrítica, pero no en términos leninistas, sino genuinamente universitarios.
Al principio de la década de los setenta del siglo pasado, es decir, muy poco antes de la aprobación de la Ley de 22 de julio de 1972 del REFC, se constituyó en el seno de la Universidad de La Laguna el Instituto Universitario de la Empresa (IUDE). Se trataba de una iniciativa en la que el papel del profesor de Derecho del Trabajo de la misma, Jerónimo Saavedra, fue decisiva. En ese época “franquista”, la Universidad de La Laguna contaba con la dicha de que muchos profesores universitarios venidos desde la Península –algunos excelentes- ocuparan sus cátedras y adjuntías en concurso obligatorio de traslado, lo cual revertía indudablemente en un claro beneficio para la calidad de la Universidad, y no como ahora, en que los profesores nacen y se hacen en la propia universidad, sin obligación de haber visitado o desarrollado experiencias docentes o investigadoras en otras universidades allende los mares. En el caso del IUDE y en esta etapa inicial, estaban el penalista Manuel Cobo del Rosal o el mercantilista Rafael Jiménez de Parga, que posteriormente llegó a ser Presidente del Tribunal Constitucional. Pero también, los profesores Gumersindo Trujillo, Luis Fajardo, Oscar Bergasa o Antonio González Viéitez, que colaboraron, entre otros, en la redacción del denominado Estatuto del IUDE, en el que se recogía la necesidad de dar carta de naturaleza normativa a las especialidades económico-fiscales canarias.
Sin duda, el ejemplo del IUDE puede muy bien servir de referencia para constatar que en la década de los setenta la Universidad como institución planteaba muchas y relevantes cuestiones con relación a la realidad social, política, económica o cultural de Canarias. Bien es verdad que ese papel se veía reforzado por ser la Universidad un espacio de libertad frente a la inexistencia de cauces participativos que canalizaran en nuestro país los anhelos por alcanzar y consolidar un auténtico sistema democrático. Pero lo cierto es que entonces, la “opinión” conformada en los intramuros universitarios era fundamental en orden a establecer las pautas que habrían de regir la recuperación de la libertad política por parte del pueblo español en general y del canario en particular.
Con la llegada de la Democracia a nuestro país, acontece un cambio fundamental en las universidades españolas. Un cambio que me atrevo a calificar de sustancial desde determinada perspectiva, toda vez que muchos y cualificados profesores deciden incorporarse a la política activa a fin de así contribuir a la consolidación del sistema democrático. Baste en este sentido con pensar en el papel decisivo que por ejemplo tiene el profesor E. Fuentes Quintana en la confección de los “Pactos de la Moncloa” como instrumento necesario para remontar la dura crisis económica que vive España en los primeros años del régimen democrático. O la aportación de otros muchos profesores –universitarios o no- que junto con otros cualificados profesionales, funcionarios, empresarios y trabajadores dieron todo su esfuerzo en pro de la Democracia, y cómo, al paso de los años, contrasta esta situación originaria con el nivel de la actual “clase política”, más preocupada en consolidar por lo general sus propios privilegios que en actuar en beneficio del interés público.
Ante la nueva realidad, la universidad española tuvo que cambiar, y lo hizo en unos casos a mejor y en otros a peor. En lo que se refiere a las universidades canarias y, en particular, al tema específico de ser las mismas punto de referencia en el debate de nuestro modelo productivo y especialidades económico-fiscales, yo creo que el cambio ha sido claramente a peor. Por supuesto que los profesores estudiamos y publicamos trabajos en revistas especializadas sobre el tema, pero rara vez podrá decirse que nuestra opinión, producto del debate libre y del estudio crítico, serio y riguroso, sirva como referente fundamental a la sociedad de la que formamos parte. Algo está fallando en este sentido, y la consecuencia no puede ser otra que la de hallarnos ante un empobrecimiento intelectual que ha de repercutir en términos negativos para todos.
Hoy en Canarias, pretender que en el seno del Parlamento autonómico se discuta, debata y profundice sobre el REF en términos de seriedad y rigor, es tanto como pretender pedir peras al olmo. Cada cuatro años (período de vigencia de algunas de las medidas del REF según la legislación europea), lo que hace el Parlamento es consensuar unas medidas que se aprueban generalmente por unanimidad y prácticamente sin debate, que son el resultado, en lo fundamental, de intereses legítimos sectoriales que son defendidos y expresados sobre todo por las multinacionales de la asesoría fiscal. En términos comparativos, alguien podría pensar que esto mismo ocurre en los Estados Unidos de América, pero habría entonces que indicarle que allí, a diferencia de lo que aquí sucede, aparte de que los grupos de presión existen y están regulados como tales, la “opinión” procedente de las Universidades es en muchísimas ocasiones decisiva.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Asesor Fiscal.
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