La presente reflexión, al hilo de las elecciones a Rector en la Universidad de Laguna, es perfectamente extrapolable a otras elecciones idénticas que se celebran en cualquier universidad pública española y el producto, en lo fundamental, de mi experiencia como docente e investigador universitario durante muchos años.
Hoy mismo, mientras escribo, me encontré de bruces ante un cartel propagandístico de una candidata al rectorado, de apellido Alegre, cuyo lema electoral es genial: VOTA ALEGRE, y bajo el lema, la foto sonriente de la candidata, no se si con el ánimo de estar tomándonos el pelo a los potenciales votantes, o, por el contrario, recordándonos que es preferible una rectora alegre que no triste y apesadumbrada ante la realidad circundante, máxime, teniendo en cuenta la cara de profunda tristeza de la que gozan o sufren los otros dos candidatos. Pero sobre todo, lo que más me llamó la atención del cartel fue el lema electoral: VOTA ALEGRE. Sin ningún género de duda, un lema claramente innovador y con fuerza electoral, vamos, producto genuino de la desbordante política de I+D+i que caracteriza a nuestra institución universitaria en todos los ámbitos del mundo mundial. Parafraseando al diputado autonómico por el PP, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, “ni jarto de grifa” y, por consiguiente, en estado de suprema alegría, daría mi voto a esta candidata, ni tampoco a los otros dos candidatos, que para el caso, representan más de lo mismo: defender un proyecto de universidad basado en sex, lies, and videotapes, porque esa y no otra es la realidad pura y dura. Ninguno de los candidatos nos va a contar lo que de verdad piensa sobre el estado de la Universidad de La Laguna y las posibles e imposibles soluciones que deberían adoptarse para salir de la lamentable situación en la que nos encontramos. Todo, o casi todo, son proclamas vacías de contenido que orillan la solución a los problemas reales que hoy afectan a la institución universitaria. Y es que de lo que se trata, en definitiva, es de ganar el apoyo de los votantes (profesores, personal de administración y servicios y alumnos), no para transformar la universidad en términos positivos, sino para respetar y fortalecer aún más los intereses corporativos de cada uno de esos sectores de votantes. Y todo ello, como dice alegremente el candidato Sr. Martinón Cejas, no permitiendo (¿?) que los poderes públicos recorten fondos para la Universidad.
A estas alturas del artículo, he de confesar que tengo mi cuota personal de responsabilidad en lo que hoy calificaría como desaguisado de la universidad pública. Hasta el año 1991 defendí la autonomía universitaria como parangón de la libertad de cátedra, de estudio y del buen hacer en la gestión universitaria. Desde esa fecha, he llegado a la conclusión de que el ejercicio de esa autonomía ha sido en buena medida irresponsable y causa de la situación de degradación actual que vive nuestra universidad. Y es que no todo se centra, como así pretenden algunos, en que se destinen a la institución más recursos económicos por parte de los poderes públicos, sino más exactamente, a que aumente el nivel de compromiso y de autoexigencia de todos (profesores, personal de administración y estudiantes) en el cumplimiento de sus deberes. Y para esto último deberían estar, entre otros menesteres, las autoridades académicas, que no parece que lo estén, salvo cuando aplican en términos supuestamente ejemplarizantes el Derecho sancionador a sus “enemigos” o a los “enemigos de sus amigos”.
Pero entonces ¿no cabe el más mínimo resquicio para la esperanza? Pues no o, al menos, hasta que no vea con mis propios ojos que nuestras autoridades dejan sin efecto la absurda y antiuniversitaria medida de cerrar a cal y canto las instalaciones universitarias durante las vacaciones de Semana Santa, Navidad y durante todo el mes de agosto. Hasta que eso no ocurra, no estaremos en una universidad, sino parecerá más bien que en un Instituto de Enseñanza Secundaria, con todos mis respetos para estos últimos. Y que se dejen de pamplinas tratando de justificar el cierre en razones de ahorro, pues la medida es manifestación patente de la negación más vulgar y grosera de lo que debiera ser una auténtica Universidad.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
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