El régimen político que instauró el General Francisco Franco a partir del éxito de su golpe de Estado y la consiguiente guerra civil entre españoles en 1936, significó, ante todo, una auténtica desgracia colectiva. Como país, retrocedimos en términos económicos unos cuantos lustros con relación a otros países europeos de nuestro entorno, y si bien estos últimos sufrieron más tarde los efectos de la segunda guerra mundial, los perjuicios causados en el ánimo popular fueron radicalmente diferentes. Mientras en España anidó y se desarrolló por muchos años un espíritu de venganza y persecución implacable por parte de los vencedores de la guerra civil (incluida una parte de la Iglesia Católica) contra aquellos que disentían de sus ideas, o que simplemente se limitaron a defender el régimen constitucional de la II República, la victoria contra el fascismo (Italia) y el nazismo (Alemania) por parte de los aliados, supuso una bocanada de aire fresco en términos espirituales para muchos europeos a la hora de afrontar la reconstrucción de una Europa devastada por el conflicto bélico, sobre la base de la libertad y la democracia, dos principios radicalmente negados por el franquismo, el fascismo, el nazismo y también por el estalinismo soviético.
Sin duda, el generalísimo fue siempre un hombre con suerte. No sólo logró consolidar su régimen en una dura posguerra de hambre y ausencia de libertades, sino que además logró que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica se fijara en su Dictadura como baluarte eficaz en la nueva “guerra fría” que se abría con la Unión Soviética y sus países europeos satélites. Basta con volver a ver la genial película de Berlanga “Bienvenido Mr. Marshall”, para comprobar cómo los españolitos de a pie pensábamos entonces que la llegada de los americanos era toda una bendición celestial. Sin embargo, la auténtica bendición llegó en realidad en la década de los sesenta con el incipiente turismo de masas, que bajo el lema Spain is different, logró gangrenar ante todo el asfixiante tejido ideológico-religioso conocido como nacionalcatolicismo patrio. Significativamente, además, fueron relevantes personalidades pertenecientes al Opus Dei las que advirtieron sobre la necesidad de dejar atrás las viejas prácticas autárquicas en la economía para ser sustituidas por aires más liberalizadores, pues al fin y al cabo, lo relevante, pensaban, es siempre la economía, aunque las decisiones en este ámbito se justificaran en el mismísimo designio divino.
Pero si Franco siempre tuvo el factor suerte a su favor, lo que no puede decirse en caso alguno es que fuera un revolucionario, es decir, un hombre creativo e innovador en lo político y en lo social. Una prueba de ello la tenemos en materia tributaria. El franquismo dejó atrás, como en tantas otras cuestiones, el crear un impuesto personal sobre la renta al estilo del establecido en otros países de la Europa occidental. En España perduró durante muchos años un sistema tributario arcaico basado en impuestos de producto en el que destacaba, en términos cuantitativos y cualitativos, el llamado Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo Personal (IRTP), que era satisfecho fundamentalmente por los trabajadores a través del sistema de retención en la fuente. De resto, lo que se pagaban eran impuestos indirectos. La opinión general, en suma, era que nos encontrábamos ante un sistema tributario que no respondía a unos mínimos criterios de equidad, puesto que prevalecía la recaudación por impuestos indirectos (todos pagamos lo mismo con independencia de cuál sea nuestra riqueza) sobre lo recaudado por impuestos directos, que siempre se ajustan en mayor medida con la auténtica capacidad económica del obligado a pagarlos.
Con la reinstauración del régimen democrático, una de las primeras medidas que se adoptaron fue la de crear un verdadero impuesto personal por la renta (IRPF), fundamentado en un principio de justicia básico: la progresividad. Deben de pagar más los que más capacidad económica tienen. Con ello no sólo nos equiparábamos a Europa, sino también, a una “filosofía” inspiradora de la imposición en el sentido de que a través de los recaudado por impuestos directos el Estado realizaba funciones de redistribución de la renta. Por entonces, el lema “Hacienda somos todos” funcionó y los españolitos fuimos convencidos de que efectivamente nuestro sacrificio individual a la hora de pagar el IRPF y otros impuestos directos revertía en interés de todos.
Sin embargo, con el paso de los años, las crisis coyunturales, los períodos de bonanza y la proliferación de nuevos impuestos (los creados por la Comunidades Autónomas), así como por la prevalencia de los intereses de algunos, se ha producido la paradoja de que nuestro sistema tributario ha perdido en buena medida sus señas identificativas originales. Sobre todo, se ha ido imponiendo la realidad constatable de que son los perceptores de rentas del trabajo (empleados y desempleados) los que de verdad contribuyen casi en exclusiva a financiar las arcas públicas, ya sea a través de los impuestos directos como indirectos. Este cambio sustancial, que nos retrotrae sin duda a la época franquista, tiene hoy la “bendición” de la comisión de expertos que acaba de entregar un informe al Gobierno en el que proponen, en pocas palabras, acabar con la progresividad como criterio de justicia del sistema y aumentar la recaudación a través de la elevación de los impuestos indirectos.
Hay no obstante una diferencia relevante entre lo que ocurría en el franquismo y lo que hoy sucede en materia de impuestos: Franco no necesitaba justificar la mayor o menor equidad del sistema, pero la Democracia sí, y mucho nos tememos que la justificación que hoy nos ofrecen los expertos para la reforma de nuestro sistema tributario está más cerca del franquismo que de los principios que con carácter expreso recoge nuestra Constitución de 1978: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Asesor Fiscal
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