Siento, he de confesarlo, un profundo sentimiento de pertenencia a una comunidad, la española, que se ha ido forjando a lo largo de los siglos y que aún hoy es perfectamente diferenciable por determinados rasgos positivos y negativos en el concierto de los modernos Estados-Nación que se fueron conformando inicialmente en Europa entre los siglos XV-XVII, y que se concretaron luego a partir de las ideas que dieron lugar a la Revolución francesa de 1789, o mejor, a la Declaración de independencia de los Estados Unidos de América (el 4 de julio de 1776).
En esa dinámica histórica global, es evidente que en algunos países, tal es el caso de España, existen grupos sociales y fuerzas políticas que no cesan en su empeño de cuestionar la realidad conformada por una comunidad nacional única y su sustitución por comunidades nacionales dispares que se afirman así mismas frente a la entidad nacional común. Afirmar y defender que España es un país plurinacional, no supone una manifestación de respeto y consideración a las diferencias que de hecho o de derecho pueden existir entre las personas que conviven en un determinado territorio, sino que más bien significa, en su sentido más vergonzante, la renuncia tácita a que esas diferencias se integren y justifiquen, por distintas razones, como inherentes a una única realidad nacional. Con el equívoco término de la “España plurinacional”, lo que se persigue en último término es contribuir al afianzamiento de las tesis independentistas que propugnan la desintegración o partición de la Nación española en distintos y contrapuestos Estados-Nación. No se trata de defender un mejor futuro para todos, sino más exactamente, de ignorar un presente construido con el esfuerzo de muchas generaciones, para volver a un pasado cuya divisa sigue siendo la del enfrentamiento y la insolidaridad más burda y descarada, sobre todo, porque el mismo se fundamenta en la tergiversación de la historia, el racismo, la insolidaridad económica, los privilegios de todo tipo y en otros muchos tics diferenciadores que si por algo pueden ser caracterizados, en general, es por ser falsos de solemnidad.
Precisamente por lo anterior, resulta cuanto menos sorprendente comprobar cómo la llamada izquierda política de nuestro país continúa sin asumir plenamente a estas alturas la existencia de la Nación española. Su reivindicación de reformar la Constitución española de 1978 en aras a transformar a España en un Estado federal, no deja de ser otra huida hacia delante para esquivar su falta de compromiso real con aquel otro compromiso político constituyente que partía de afirmar la unidad inescindible de la Nación española. Además, el desarrollo hasta el presente del llamado “Estado de las Autonomías” no sólo ha superado ya los límites propios del Estado federal, sino que ha desembocado en un modelo de Estado que ya no se sabe muy bien qué es y para qué sirve.
Sin embargo, más ridículo resulta aún el posicionamiento de la denominada extrema izquierda que, sobre la falsa base del derecho de autodeterminación de los pueblos o del derecho a decidir, como expresión democráticamente genuina, avalan y contribuyen de manera fehaciente a hacer realidad las aspiraciones o tentaciones de grupos y fuerzas políticas nacionalistas que desde su perspectiva son claramente de derechas (Convergencia Democrática de Cataluña; Partido Nacionalista Vasco; Coalición Canaria…) y que se caracterizan en sus políticas y proyectos por la ideología nacionalista más ramplona y manipuladora de la realidad histórica. Estas personas de la extrema izquierda no deberían olvidar que en tanto no se modifique o cambie la Constitución de 1978, el derecho democrático a decidir corresponde en exclusiva al pueblo español en su conjunto y no a una parte del mismo, y si tan respetuosos son como dicen ser con la democracia, deberían consultar al pueblo (ellos lo llaman “bases”) si efectivamente éste está o no a favor del llamado derecho a decidir el rompimiento de la Nación española.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
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