Pabellón español en la Biennale di Venezia 2016.
Si nuestros políticos en general, y nuestro Presidente autonómico en particular, dijeran la verdad sobre cuál es el objetivo o finalidad que se trata realmente de alcanzar a través de la aprobación de una nueva ley del suelo en Canarias, cabría incluso la posibilidad de que se diera un debate serio en el seno de la sociedad sobre la conveniencia o no de llevar adelante esta reforma. Sin embargo, como esto no es así, lo único que existe con relación a un tema de tanta trascendencia para todos los habitantes de Canarias actuales y futuros es, por un lado, la posición del gobierno que trata de “vender” su iniciativa a través del viejo y conocido eslogan de la creación de empleo y, por otro, la de una pluralidad de entidades ciudadanas que desconfían, con razón, de las buenas intenciones de un gobierno que después de tantos años de autonomía sigue actuando, paradójicamente, bajo la estricta dependencia de determinados intereses económicos que en el presente caso se identifican en buena medida con los intereses de los empresarios turísticos y de la construcción.
Cuando el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español afirman que otra de las razones de la nueva ley es simplificar la maraña legislativa que existe sobre la regulación del suelo, es como para echarse a llorar de impotencia ante un argumento tan pobre y mentiroso que además considera que los ciudadanos somos bobos, porque como sabe cualquier persona con un mínimo de formación cultural y jurídica, el Derecho tiene prevista la fórmula del llamado Texto Refundido, que es una norma con rango y fuerza de ley dictada por el Ejecutivo mediante una autorización del Parlamento (legislación delegada), cuya finalidad es justamente la de unificar, ordenar y sistematizar en un solo texto toda la normativa existente sobre el suelo. Sin embargo, el Texto Refundido no innova el ordenamiento existente, sino que simplemente se limita a unificarlo en una sola norma jurídica. Mientras que en el Proyecto de Ley del Suelo que ha presentado el Gobierno, lo que existe es un cambio cualitativo fundamental en la regulación actualmente existente. Es decir, un cambio de “filosofía” con la que significativamente están muy de acuerdo todos los portavoces de las organizaciones empresariales que se han pronunciado sobre el mismo, así como los alcaldes, que nunca llegaron a imaginarse que pasarían a ser a todos los efectos auténticos señores planificadores (y no precisamente al estilo soviético) en el ejercicio de sus competencias urbanísticas.
Se ha dicho que en este tema sería muy conveniente someter la ley a referéndum, pues nos estamos jugando mucho. Yo creo que no, pues podría darse el caso de que el gobierno obtuviera un amplio respaldo popular sobre la base de la promesa de creación de miles de puestos de trabajo. Además, no está tan lejos el fenómeno del boom inmobiliario que permitió tanta generación de “riqueza”. Ya se sabe que los pueblos como tales a veces firman su suicidio sin molestarse en pensar sobre ello, y que los que vengan detrás arreen con las consecuencias.
En fin, sólo nos queda confiar en los que siempre ponen el NO por delante, que en realidad es lo único que tiene sentido ante la profusión de tanta y variada arbitrariedad.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
BOLETÍN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y OTRAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD 