¿Son nuestros políticos tontos o sólo lo parecen? ¿Sucede lo mismo con la ciudadanía canaria? La verdad es que no me atrevería a dar una respuesta convencida y firme a semejante cuestión. Sin embargo, mis dudas son cada día mayores y compruebo a diario que existen signos muy preocupantes de que las decisiones políticas más relevantes para los que vivimos en estas islas sólo formalmente son adoptadas por nuestros representantes políticos, y que en lo fundamental, las mismas vienen marcadas en su origen por el juego de intereses de unos pocos que rara vez se manifiestan públicamente como tales, sino que lo hacen amparándose en que tales intereses particulares son supuestamente los mismos que los de todos los canarios. Diríase que todo es pura palabrería y que los hechos, los innegables hechos, dicen todo lo contrario, aunque sean muy poquitos los que se atrevan a denunciar esta realidad, y menos que nadie, nuestros políticos regionales, locales y nacionales. En esto, cabe pensar que nuestros representantes políticos son unos auténticos papanatas acomodaticios a las exigencias de los poderes económicos.
El reverso de la moneda es que los representantes del poder económico, ni son tontos, ni mucho menos lo parecen. Son verdaderos adalides en la defensa de sus particulares intereses. Y la verdad sea dicha, deberían ser objeto de ejemplo en este aspecto por parte de los políticos independientes –si es que existen– y de otras representaciones sociales (sindicatos y asociaciones cívicas). Y ello no sólo responde al llamado “poder del dinero”, sino también, a la capacidad de organización de los sectores empresariales y a su indudable ascendencia sobre los medios de comunicación, que tradicionalmente se limitan a repetir, sin profundizar, las ya manidas frases de que Canarias debe contar con un mejorado sistema de financiación, que debe continuar en vigor el convenio para la construcción de carreteras, que debe existir una asignación específica en los presupuestos generales del Estado para la creación de empleo por parte del sector público… o que, finalmente, debe aprobarse cuanto antes la denominada parte económica del REFC.
Tal y como ya hemos señalado en anteriores comentarios, la situación del REFC en lo que se refiere a sus medidas fiscales (establecimiento del IGIC e incentivos fiscales a las actividades económicas) ha supuesto para la mayoría de los residentes en Canarias una auténtica tragedia impositiva. Los ciudadanos que no nos dedicamos al ejercicio de actividades económicas, somos objeto, cada vez con más intensidad y variedad, de abusivos impuestos que vienen a poner de manifiesto que en este ámbito nuestra sociedad es cada vez más dual y diferenciada: en tanto los empresarios y profesionales gozan de auténticos privilegios fiscales en el ámbito de la imposición directa e indirecta, los demás hemos de hacer frente a gravosas contribuciones que se compadecen poco o nada con los llamados principios de justicia que deben informar nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución).
Desde este foro, lo único que podemos hacer es denunciar esta situación inaceptable, por injusta, y aprender de los empresarios: trataremos de hacer llegar a nuestros representantes políticos nuestras inquietudes y nuestra firme voluntad de que los mismos dejen de “hacerse los tontos” y empiecen a asumir como propios los intereses legítimos de la mayoría social. Carecemos del “poder del dinero”, pero creemos tener el “poder de las ideas”, que sin ningún género de dudas, vale mucho más.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
También en la web guillermonuñez.com
BOLETÍN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y OTRAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD 
Me gustaría opinar sobre los siempre interesantes artículos de D. Guillermo Núñez.
1. Siendo cierto que los políticos son unos auténticos indigentes intelectuales no creo que sean tontos; todo lo contrario, su astucia compensa con creces su escasa formación. La ley de hierro de los partidos políticos filtra de tal manera a los numerosos candidatos que aspiran al poder que aquellos que finalmente llegan al ápice organizacional son los sátrapas más capaces.
Sistema tributario «justo» es un oxímoron. Todo impuesto es un acto violento, un robo no consentido. Si te niegas a pagar los impuestos acabas en la cárcel y si te resistes físicamente a la detención te reducirán por la fuerza o te matarán.
El único poder, stricto sensu, es el poder que proviene de la violencia física, sea esta pública (gobierno) o privada (criminal). El «poder» del dinero es capacidad adquisitiva, pero no es poder en el sentido webberiano. Las ideas, per se, tampoco tienen poder; sólo lo tienen en la medida en que son aceptadas, y esta aceptación es voluntaria. Por ejemplo, las autoridades políticas ejercen poder y las religiosas ejercen persuasión pero sin coacción.