Es sabido que Canarias es una región española calificada por el Tratado de la Unión Europea, junto a otras regiones, como Región Ultraperiférica (es el caso de Madeira y Azores en Portugal; o de Martinica, Reunión y Guayana en el caso de Francia). Esta calificación no sólo responde a una realidad geográfica, esto es, a un factor de distancia física entre el territorio europeo continental y el archipiélago canario, sino que dicha calificación implica sobre todo una consideración especial por parte del Derecho Comunitario y de las Instituciones europeas en diversos aspectos que tienen que ver con la economía, la fiscalidad, los intercambios comerciales, el transporte, la financiación de los entes públicos, el medio ambiente, la investigación, el nivel de desempleo, etc. El conjunto de esos aspectos suelen ser presentados por las autoridades canarias como impedimentos u obstáculos que precisan de políticas europeas singulares que vayan dirigidas a superarlos o a mitigarlos en la medida de lo posible. Rara vez encontraremos posicionamientos políticos que desde Canarias planteen los aspectos positivos de la ultraperificidad. Todo, o casi todo, son aspectos negativos que sirven para justificar con carácter permanente la llegada de nuevos recursos financieros a Canarias, procedentes, bien del presupuesto del Estado, bien del presupuesto de la Unión Europea.
Algunos de los lectores de este blog recordaran la gran oportunidad que se le presentó a Canarias (y a la isla de El Hierro en particular) de construir una base de lanzamiento de satélites al espacio que sustituyera a la existente en el territorio francés de Guayana. Al parecer, nuestras condiciones eran óptimas para llevar a cabo esta iniciativa, y suponían no sólo un considerable abaratamiento de costes para la Agencia Espacial Europea, sino, sobre todo, una magnifica oportunidad para conectar las labores realizadas por nuestro Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y hacer de Canarias un territorio clave y en la vanguardia de la investigación astrofísica y espacial. Sin embargo, este aspecto positivo de la ultraperificidad fue ignorado por unas autoridades que se plegaron sin rechistar ante la oposición de grupúsculos que “vendieron” la falsedad de que con esa iniciativa se trataba de militarizar Canarias. El resultado, significativamente, es que la iniciativa fracasó y se optó por la tradicional política del lloriqueo permanente acallado por las correspondientes políticas de subvenciones a unos supuestos sectores productivos que lo único que producen, en sentido estricto, es la necesidad de estar subvencionados de por vida.
Ahora tenemos en Canarias nuevo Gobierno regional integrado por CC y PSOE. Una de sus primeras medidas es haber logrado que el Gobierno de la Nación (PP) cree una comisión mixta Canarias-Estado para perfilar los denominados aspectos económicos del REFC. Los resultados de su primera reunión han sido apoteósicos: el Estado va a garantizar que en la ley española se tenga en cuenta el carácter ultraperiférico de Canarias. Madre del Amor Hermoso –My goodness!– ¿Pero, estamos locos o qué? Si el Tratado de la Unión Europea ya reconoce esta calificación a Canarias, ¿por qué empeñarse en que también lo haga el Derecho interno? ¿Acaso lo dispuesto en el Tratado no vincula de manera directa a España como miembro de la Unión Europea? Desde aquí abogo porque a partir de ahora nuestras leyes nacionales reconozcan expresamente no la ultraperificidad, sino la ultraestupidez.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
También en la web guillermonuñez.com
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