Redacto mis artículos desde un cómodo despacho en el que tengo mis libros y el producto de mis devaneos periodísticos (y también académicos). Entre la intención de escribir y la materialización de la misma, está todo lo demás, es decir, la vida: personal, familiar, económica, política, cultural, festiva y también impositiva. Es esta última faceta, la del pago de impuestos, la que más me afecta en términos negativos, seguramente, por deformación profesional. Me enfurece cada vez más comprobar que mi sacrificio impositivo como ciudadano-funcionario público (sólo por IRPF pago al mes 1.500 euros, que al año suponen 18.000 euros) es desmesurado con relación a otros contribuyentes que no siendo empleados, sino empresarios o profesionales, o no pagan o lo hacen en proporciones ridículas a su nivel de riqueza, y no sólo porque los mismos cuentan con innumerables incentivos fiscales a su favor, sino porque la “filosofía” que inspira esta realidad es la de los hechos consumados, esto es, la de que en el capitalismo mal entendido que rige en nuestro país, no es verdad en absoluto aquello que dice el artículo 31.1 de la Constitución de que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Cada vez que compruebo en mi nómina mensual de empleado público que el Fisco me retiene el treinta por ciento de mi retribución, aparte, claro está, de la correspondiente retención por derechos pasivos y Muface, mi estado de ánimo impositivo se transforma en un sentimiento cada vez más arraigado de que estoy siendo objeto de una estafa pública y notoria; vamos, que el sistema tributario español, si por algo habría que caracterizarlo con relación a los perceptores de rendimientos del trabajo, es por ser claramente confiscatorio.
Una posible conclusión lógica que se deriva de todo lo anterior es que mi cabreo no es sino un genuino producto de la envidia, pecado capital de reconocida trayectoria y arraigo en nuestra cultura nacional. En consecuencia, si usted pretende pagar menos impuestos, lo que tiene que hacer es cambiar de actividad y pasar a engrosar las filas de los empresarios y profesionales. Vamos, que transformándose usted en una entidad ZEC alucinará en colores desde la perspectiva del pago de impuestos.
Sin embargo, no creo que mi cabreo tenga su origen en la envidia, sino más bien en la injusticia que supone presentar como un hecho incontestable que las políticas de incentivos fiscales indiscriminados a favor de empresarios y profesionales en Canarias son per se positivas siempre y en todo caso, hasta el extremo de pretender que ese reconocimiento se plasme con carácter permanente en una hipotética reforma de la Constitución. Y no se trata de que aboguemos aquí por instaurar en nuestro país una revolución bolivariana (líbrenos Dios de semejante locura) sino más bien, de defender nuestro sistema económico capitalista sobre la base de la libre competencia, el riesgo, la capacidad de innovación y los derechos inalienables de todos los ciudadanos a un sistema tributario como el que se plasma en el artículo 31.1 de nuestra Constitución y, todo ello, sin negar la necesidad de los propios incentivos fiscales.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Asesor Fiscal
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