Está claro que no es lo mismo un hartazgo de risa que un hartazgo de REFC, aunque el segundo pueda ser la causa del primero, y si así fuere, la risa habría que calificarla como sustitutoria del llanto siguiendo aquí al desaparecido rumbero Peret: “es preferible reír que llorar”. Y es que el REFC, si algo provoca a estas alturas, es un auténtico hartazgo a todos aquellos que cuenten con un mínimo de información y conocimiento sobre el mismo.
Un día sí y otro también, los medios de comunicación radicados en Canarias nos hablan del REFC como la panacea que ha de remediar todos nuestros males mundanos, desde los altos índices de paro, a la necesaria protección pública de las actividades económicas a fin de que éstas puedan subsistir en condiciones de supuesta igualdad con otros competidores no canarios, o la subvención directa de dinero público a determinadas empresas suministradoras de bienes o servicios a fin de que los habitantes de estas islas ultraperiféricas se hallen en condiciones menos gravosas en función de sus economías domésticas insulares y lejanas en el espacio interterritorial e incluso interestelar. Junto a ese carácter de “bálsamo de Fierabrás”, el REFC se ha conformado también como instrumento fundamental de la confrontación política y, en particular, como arma arrojadiza –en incluso de chantaje político– empleada por partidos de ideología nacionalista frente al poder central (Madrid) o europeo (Bruselas), a la hora de reclamar un trato diferencial para Canarias, o más exactamente, para determinados sectores de la sociedad canaria que no conciben el desarrollo del capitalismo sin la presencia e intervención permanente del Estado o de la Comunidad Europea a favor de sus intereses.
A la cantinela del REFC le sobra mucho de sinrazón y demagogia, y le falta muchísimo de rigor y seriedad a la hora de contar con estudios que demuestren la auténtica efectividad benefactora para la sociedad canaria de las políticas de incentivos fiscales a la actividad de empresarios y profesionales, o de las políticas de subvenciones directas al transporte de mercancías, o a la importación de alimentos para el mercado insular, etc. Nos hemos acostumbrado –en realidad nos hemos hartado– de repetir hasta la saciedad que los canarios precisamos de un trato singular, sin preguntarnos en términos mínimamente críticos cómo debería articularse ese trato diferencial en función de un modelo de desarrollo económico equilibrado y de un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Baste con pensar en la existencia de unos beneficios fiscales en la imposición directa que afectan a los titulares de actividades económicas, que se prorrogan sin ningún tipo de cuestionamiento cada cuatro años, y sin que los mismos se hayan traducido en que Canarias deje de ocupar los primeros lugares en índices de paro, de fracaso escolar, o de sectores como la industria y la agricultura cada vez más testimoniales y que subsisten gracias a las ayudas públicas o a las barreras arancelarias que se establecen en detrimento de los derechos de los consumidores y en favor del interés financiero de una estructura administrativa hipertrofiada y cada día más insostenible.
Como ha dicho recientemente el líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, en una visita preelectoral a Canarias, “Queremos reivindicar y reconocer en la Constitución las singularidades de tierras tan preciosas como las Islas Canarias”. ¿Para reír o llorar? That is the cuestión.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
También en la web guillermonuñez.com
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