Que en Santa Cruz de Tenerife, capital de la isla, continúan existiendo sujetos en pleno siglo XXI que se creen superiores a otros semejantes por razones de nacionalidad, lengua, raza, religión, sexo, pertenencia a determinada clase social y otros parámetros por el estilo, no sólo es un hecho constatable a poco que se escarbe en el manto de hipocresía con el que suelen enmascarar sus pensamientos y acciones reaccionarias este tipo de sujetos, sino que es manifestación patente de que la lucha por la igualdad de derechos entre los seres humanos debe ser permanente. Viene esto a cuento de la negativa que hace ya algunos años opuso la junta directiva del Club Náutico de Santa Cruz de Tenerife a la solicitud presentada por Amid Achi para entrar a formar parte de dicha sociedad. Aparte de lo que esta decisión haya supuesto en su día para nuestro personaje, lo cierto es que, como casi siempre, nuestras autoridades no tuvieron en aquel momento la valentía (era en todo caso un deber irrenunciable) de retirar la concesión al Club Náutico para continuar utilizando privadamente y de forma discriminatoria un espacio costero que es por naturaleza público. En todo caso, si la discriminación infundada es siempre bochornosa y condenable, quienes la practican al estilo de esta junta directiva, son y serán siempre una verdadera rémora para el progreso y avance de cualquier sociedad democrática.
Amid Achi es un ciudadano español de origen sirio que reside desde hace muchos años en Canarias, y que “saltó a la fama” por una iniciativa empresarial que aún hoy perdura, aunque no con sus contornos originales: el Número 1. Tiendas de ropa por precio asequible presentes en todos los pueblos. “Donde había una Iglesia, una farmacia, una caja de ahorros, había un Número 1”. El paso del tiempo y el éxito de esta y otras iniciativas empresariales, han llevado a Amid Achi a ser un empresario de referencia en la isla de Tenerife.
Hace pocas semanas, la prensa local publicaba una noticia que no por repetida en casos similares, deja de ser una auténtica barbaridad para los intereses generales: “El Ayuntamiento de La Laguna pagará tres millones de euros a la empresa Gitesa, de la que el empresario Amid Achi es accionista, para recuperar el solar de la calle Las Quinteras, ubicado en la entrada al casco lagunero por la Vía de Ronda, que funciona desde hace años como improvisado aparcamiento. Achi tenía una concesión municipal para explotar esta parcela durante veinticinco años”. Es decir, el Ayuntamiento, sobre la base de razones que hasta hoy no han sido expresa y ampliamente explicadas a la ciudadanía, decide recuperar la concesión en su día otorgada a la empresa Gitesa y, como consecuencia de ello, indemnizar al concesionario con la importante cantidad de tres millones de euros.
Sin duda, no vamos a entrar aquí a cuestionar el derecho a percibir la indemnización que asiste a la empresa de la que es accionista Amid Achi. Lo que hay que plantearse, por el contrario, es la decisión política de recuperar la concesión en su día otorgada y obligar a todos los ciudadanos que pagan impuestos a hacerse cargo de la satisfacción de dicha indemnización a una empresa privada. ¿Qué razones objetivas avalan la recuperación de la concesión? ¿Por qué este cambio de criterio? ¿El dinero público proveniente de los impuestos está en este caso justificado que se gaste en una indemnización a favor de una empresa privada?
Creo que hasta el día de hoy, la contestación a todos estos interrogantes no ha sido la más adecuada por parte de las autoridades municipales. Más bien, ocurre todo lo contrario, dando pie a la duda de si no estamos aquí ante otro caso más de despilfarro del dinero público sin que exista la correlativa exigencia de responsabilidad política.
Está claro que el Sr. Amid Achi no fue defendido por los poderes públicos cuando fue objeto de una discriminación monstruosa con la vulneración de sus derechos ciudadanos. Ahora, aunque la situación no sea comparable en términos jurídicos, se ha visto resarcido gracias a la aplicación del Derecho, y nos alegramos de ello, pero exigimos a la vez a nuestras autoridades políticas que nos resarzan a nosotros, los contribuyentes, dando las necesarias explicaciones y justificaciones del uso de nuestro dinero. Es lo mínimo que deben de hacer por responsabilidad política.
Guillermo Núñez Pérez es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Asesor Fiscal
También en la web guillermonuñez.com
BOLETÍN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y OTRAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD 
Discrepo de D. Guillermo por lo siguiente:
1º. El Club Náutico es una propiedad privada y sus dueños pueden ejercer legítimamente el derecho de exclusión sobre terceros no propietarios.
2º. El Sr. Amid Achi no posee ningún derecho a convertirse en socio de un Club Privado, es decir, el Club Náutico no tiene un deber de venta de parte de su propiedad al referido Sr. Achi.
3º. Por tanto, la Junta Directiva del Club Náutico puede legítimamente discriminar o vetar a cualquier aspirante a socio si así se contempla en sus estatutos.
4º. Cualquier persona que considere que los miembros de la Junta Directiva del Club Náutico son racistas y que su conducta merece una reprobación, puede legítimamente denunciar «socialmente» este hecho e incluso organizar un boicot. Lo que no puede hacer es pedirle al gobierno que viole el derecho de propiedad del citado Club.