Vivimos un tiempo cargado de diversas incertidumbres, entre otras, la relativa a cómo volver a recuperar algo que muchos pensamos se ha ido perdiendo y deteriorando a lo largo de los últimos años: la seriedad y el rigor como criterios que guían nuestras actuaciones. Es posible que este tipo de incertidumbre esté ligada al sentimiento de nostalgia por un tiempo pasado que en algunos aspectos fue mejor, o tal vez, al hecho de que con el paso de los años la capacidad reflexiva para analizar la realidad aumenta sobre la base de la experiencia y la misma conduce directamente al descreimiento sobre nuestras propias capacidades y las de los demás. En cualquier caso, lo cierto es que la realidad presente nos sorprende a diario con ejemplos de actuaciones que no encajan en el “deber ser” que tratan de establecer, como modus operandi, las normas jurídicas y no jurídicas que rigen nuestra convivencia.
Prueba palpable de lo anterior es la organización, por una empresa privada de televisión local, de un “telemaratón” (horrible palabreja) destinado a la recogida de alimentos y juguetes para los más necesitados, es decir, para los pobres. Da la impresión de que toda la sociedad está encantada con este tipo de eventos, pues hoy parece no existe nada más social que externalizar a través de la televisión los legítimos sentimientos de solidaridad que anidan en los humanos. Atreverse a criticar este evento que, en mi opinión, utiliza a los pobres para la promoción exclusiva de una empresa privada de televisión, es cuanto menos arriesgado, pues puede conllevar al crítico a ser objeto de ataque despiadado a través del libertinaje expresivo -y en muchas ocasiones insultante- del que hoy gozan los medios de comunicación y, en particular, esta cadena organizadora del “evento solidario”. Y es aquí cuando entra en juego el sentimiento de desmoralización, pues si nadie en el seno de la sociedad manifiesta públicamente su desacuerdo con este tipo de iniciativas, el resultado no puede ser otro que el indicado. Por eso, conocer que una organización como Cáritas no se suma a este evento resulta reconfortante. Como ha señalado José María Rivero, vicepresidente de esta ONG, Cáritas ni ha participado ni lo hará en esta ocasión, “porque considera que las ayudas se deben dar acordes a las necesidades reales y a través de otros medios, como los vales de alimentos a través de conciertos con grandes superficies o supermercados, donde la gente puede retirar los alimentos que necesita hasta un cierto importe, salvaguardando así su dignidad”.
Sí, una cuestión de dignidad, así de simple. Pero de dignidad de los pobres y de indignidad de algunos representantes políticos que no reparan por propio interés en la tropelía que supone poner a disposición de una empresa privada los bienes públicos a fin de que la misma se promocione publicitariamente “con cargo a los pobres” y al resto de los contribuyentes.
En esa misma línea, pero de forma menos grosera, es también una cuestión de dignidad la relativa a la reforma del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Porque resulta indigno comprobar día a día cómo nuestras autoridades autonómicas y nacionales circunscriben el supuesto debate relativo a la reforma de dicho régimen a que se mantengan, modifiquen o amplíen determinados incentivos fiscales a favor de los titulares de actividades económicas (empresarios y profesionales), identificando así el REF casi en exclusiva con los intereses de dicho colectivo, pero olvidando que su responsabilidad como representantes políticos es con toda la ciudadanía.
Como ciudadanos tenemos derecho a que nuestros representantes nos expliquen públicamente cuál ha sido la eficacia de los relevantes incentivos fiscales que han beneficiado a empresarios y profesionales radicados en Canarias. Que nos digan cuál ha sido el sacrificio recaudatorio que han sufrido los entes públicos a fin de que nuestro sistema productivo mejorara, se capitalizara o se hiciera más competitivo. Que justifiquen los fines de interés público que se han alcanzado con los ingentes recursos que provienen del denominado bloque de financiación canario (REF), en fin, que de una vez por todas comprendan que somos nosotros, los contribuyentes, los que en definitiva posibilitamos que mientras unos ven rebajada en términos cuantitativos muy importantes su factura fiscal, otros vengamos obligados a pagar cada día más impuestos (estatales, autonómicos y locales).
Y es que el REF, si por algo tiene sentido, no es precisamente por ser un privilegio para algunos que les posibilite pagar menos impuestos, sino porque en realidad sus medidas –fiscales o no- tratan de compensar las desventajas que en términos de costes económicos supone vivir en Canarias. Si este, en definitiva, no resulta ser el objetivo central del mismo, su legitimación carece de todo fundamento. En este sentido, no cabe olvidar que las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre el REF vienen a poner indirectamente de manifiesto esta realidad, esto es, la de considerar que pudiera suceder que en tiempos menos revueltos que los actuales, algunas de las medidas centrales del REF se confirmen como auténticos privilegios que nada tienen que ver con un trato diferencial a los habitantes de este Archipiélago basado en razones de estricta justicia y solidaridad.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Asesor Fiscal.
BOLETÍN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y OTRAS CUESTIONES DE ACTUALIDAD 