No tenemos constancia de que el Gobierno de Canarias esté intranquilo o nervioso con respecto a la negociación con la Comisión Europea de las medidas fiscales del nuevo Régimen Económico y Fiscal Canario (REFC) para el período 2014-2020. Más bien, cabría pensar que la actitud es la contraria y que, como buen Gobierno “canario”, el mismo esté haciendo gala de un rasgo que algunos dicen propio de nuestra idiosincrasia: dejar para mañana lo que debas/puedas hacer hoy. Aunque también es posible que lo que esté ocurriendo en realidad es que el Gobierno de la Nación (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), no esté contando para casi nada con el Gobierno de Canarias en ese importante proceso negociador que conlleve a la renovación, ampliación o, en su caso, reducción de las medidas fiscales del REFC. Y si así fuere, la situación sería entonces para estar preocupados seriamente.
Lo cierto, en todo caso, es que desde Canarias los empresarios (Confederación Canaria de Empresarios y CEOE) y, en menor medida, otros sectores sociales, empiezan a poner de manifiesto su evidente preocupación ante las incertidumbres que rodean el proceso de renovación del REFC. Es en este contexto en el que habría que incluir esa tendencia tan natural del ser humano consistente en acudir a pedir/exigir al padre lo que no te da, por justicia, el hermano. El hermano es aquí el Gobierno de Canarias, y el padre, el Estado. Sin embargo, tal proceder puede conllevar ciertos riesgos que al final conduzcan al desastre total o, al menos, al medio desastre.
Veamos. En términos de política doméstica nacional, el Partido Popular gobierna y cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento, esto es, depende en definitiva de ese Partido la plasmación en una Ley del resultado al que se llegue en las negociaciones con la Comisión Europea. En términos de política doméstica autonómica, es Coalición Canaria y el Partido Socialista Obrero Español quienes tienen la mayoría en el Parlamento de Canarias. De todos es sabido que las relaciones políticas entre el “poder autonómico” y el “poder central” no pasan por el mejor momento, y esta circunstancia resulta de todo punto indudable que está marcando en términos negativos la negociación del nuevo REFC. Precisamente por ello, algunos sectores empresariales advierten al “hermano” que ante su manifiesto acorralamiento e impotencia, van a tener que acudir al “padre” para que sea éste quien les resuelva el problema. Y mientras tanto, el “padre” manifiesta de forma tácita, gozoso e inundado de soberbia, que para eso están los “padres”, para actuar y poner de manifiesto la incompetencia y ausencia de poder real del “hermano” díscolo.
Resultando evidente que las relaciones de poder están ahí y que las mismas se rigen por sus propias reglas (Maquiavelo dixit), no debería el “padre” olvidar en ningún caso que si algo debe caracterizar al ejercicio del poder en una sociedad democrática es la nota de la generosidad con relación a las minorías y el respeto a la consecución del interés general. Y creo que de esto último es de lo que se trata de manera prioritaria con relación al proceso negociador del REFC.
Dejando ahora al margen el desgraciado hecho de cómo se ha permitido que el REFC no haya calado en la sociedad canaria como una reivindicación irrenunciable de todos los que vivimos en Canarias, y que el mismo no solo afecta o interesa a los titulares de actividades económicas (otro día hablaremos de ello), hay que exigir desde Canarias, ante quien sea, el respeto a nuestras peculiaridades económico-fiscales históricas, pero sin olvidar que hasta el presente ha sido siempre el “padre” el más renuente a su reconocimiento. Olvidar esto último, en las actuales circunstancias, puede resultar suicida.
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Asesor Fiscal.
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